En un esfuerzo continuo por consolidar una administración pública eficiente y apegada a la normativa vigente, la Contraloría del estado Barinas, llevó a cabo una jornada de formación sobre la ética pública y la lucha contra la corrupción denominada: “La Ética Pública y Lucha contra la Corrupción: Del Marco Legal a la Responsabilidad Individual”.
Este espacio de capacitación se enfocó en profundizar sobre los principios rectores que deben guiar el comportamiento de las servidoras y servidores públicos, basándose estrictamente en el Código de Ética vigente, destacando la importancia de regir nuestra conducta bajo principios fundamentales:
*Honestidad: Probidad y honradez en cada acción.
*Equidad: Servicio sin preferencias ni discriminación.
*Decoro: Respeto y profesionalismo en el ejercicio.
*Lealtad: Compromiso institucional y solidaridad.
En el desarrollo de la jornada, se realizó un balance sobre los objetivos de la Ley Contra la Corrupción, destacando su rol crucial en la prevención de irregularidades administrativas y la salvaguarda del patrimonio público, donde se hizo énfasis en que la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son los mecanismos de defensa más eficaces frente a cualquier vulneración de los recursos del Estado.
Asimismo, se resaltó la importancia de la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos (LOPCYOTA), orientada a la erradicación de la burocracia. El objetivo central es modernizar la gestión pública, asegurando que las solicitudes y peticiones de la ciudadanía sean atendidas con la prontitud y eficacia que demanda la administración moderna.
Finalmente, se reiteró el carácter obligatorio de la Declaración Jurada de Patrimonio (DJP) ante la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela. Esta herramienta, indispensable para el control fiscal y la transparencia, es una responsabilidad que compete a todo el personal, incluyendo funcionarios, empleados públicos, representantes de organizaciones sindicales, gremiales y voceros de la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria de los Consejos Comunales, reafirmando así la responsabilidad individual en la construcción de una gestión pública transparente y ética.
